Asháninkas: soluciones desde las bases para la defensa territorial
Ante la demora en la delimitación de su territorio y el avance de invasores, la comunidad nativa Florida (Pasco), de población asháninka, impulsó un sistema propio para detectar el ingreso de terceros y prevenir impactos en su territorio.
MGT, 4 de diciembre, 2024.- Cuando la delimitación territorial a cargo del Estado no llega y las presiones de invasores sobre el territorio avanzan, solo queda una cosa por hacer: organizarse para protegerse y resistir.
Es el caso de los indígenas de la comunidad asháninka Florida (región Pasco) que optaron por aplicar soluciones propias e impulsar un Sistema de Alertas y Acción Temprana (SAAT) para advertir a tiempo las amenazas y prevenir impactos en su territorio.
En medio de la inseguridad territorial que afecta a cientos de comunidades nativas en Perú, los asháninkas dan un ejemplo de que, las soluciones, si requieren aplicarse a tiempo, deben pasar por el impulso de iniciativas propias, no siendo ajenos a temas relativos a su propia defensa.
El territorio y las amenazas
Florida es una comunidad nativa de 2,838 hectáreas ubicada en la cuenca del río Nazarategui, en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, región Pasco, en la selva central peruana.
Se creó con 12 comuneros, pero hoy en día cuenta con 70 miembros —todos “asháninkas puros”— que se dedican principalmente al sembrío del cacao, café y achote, así como al sembrío de madera y la reforestación.
Su organización territorial representativa a nivel local es la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), conocida por ser la organización “más alejada de la capital” entre las doce que integran la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC).
Pese a los esfuerzos de sus dirigentes, Florida padece hasta la fecha de un problema sintomático que también afecta a otras comunidades nativas del Perú: la falta de delimitación de su territorio comunal. Esta debilidad es la puerta de entrada a muchas otras amenazas que traen los foráneos.
“La autoridad máxima casi no tiene registrado o mapeado su ámbito de territorialidad, ven como si esa área fuera libre. Entonces, cuando los colonos visitan la agencia agraria, les dicen ‘aquí hay un lugar libre’, cuando [en realidad] son territorios de comunidades nativas”, explica el apu Cline Jorge Chauca López, coordinador de ARPI SC.
La demora en la delimitación se da porque el propio Estado, gobierno central y regional, no priorizan o designan presupuesto para la seguridad jurídica territorial, ya sea en reconocimiento, titulación o georreferenciación.
En el caso de Florida, los colonos han visto en el área del Bosque de Protección San Matías San Carlos, que se estableció sobre territorio de la comunidad en 1987, “una puerta de ingreso” al territorio.
“Ingresan diciendo que van a trabajar porque es un área libre, pero luego se les ve parcelando el territorio de la comunidad, colocando un hito, poniendo nombres, manzanas y lotes que después ofertan en Pichanaqui [un distrito de la región vecina de Junín]”, comenta Chauca.
Cuando se les interviene dicen que se va a aperturar una carretera, pero no es así. Lo que realmente hacen es “ceder el área a una persona que luego se las revende a un cocalero a fin de expandir actividades ilícitas”, agrega el líder.
Es en este contexto que, a mediados de 2023, Florida fue elegida como una de las comunidades para desarrollar un plan piloto que desde la gobernanza territorial apueste por una iniciativa que ayude a atender una necesidad propia del territorio, en este caso, una amenaza latente.
La elección de Florida se debió a que está ubicada en un lugar muy estratégico, desde el cual se puede observar un panorama íntegro de su territorio y de comunidades colindantes que sufren el mismo problema.
Asimismo, la propuesta y decisión de esta acción nació del consenso entre sus autoridades representativas, aprobándose a través de un congreso, luego de discutirse y analizarse que la prioridad debía apuntar al tema territorial.
Así, con el apoyo del Mecanismo de Gobernanza Territorial (MGT), una iniciativa de acompañamiento técnico y financiero a los territorios indígenas y comunidades locales, se acordó impulsar una estrategia para detectar oportunamente el ingreso de terceros a la comunidad.
El proyecto y las actividades
La estrategia que se impulsó fue la creación del Sistema de Alertas y Acción Temprana (SAAT), que consistió en la instalación de un módulo, y la adquisición y capacitación en el uso de herramientas tecnológicas.
Del 18 de setiembre al 13 de octubre, la comunidad trabajó en la construcción del módulo SAAT, en coordinación con el jefe local. Posteriormente, se adquirió kits de equipos para el funcionamiento del proyecto.
“Se compró un dron, una computadora, una impresora, un panel solar grande, una cámara digital y [se contrató] el servicio de Internet buscando la forma de que este mecanismo tenga duración”, cuenta Cline Chauca.
Adicionalmente, se adquirió un para rayo, dado el temor de que el impacto de una de estas descargas afecte los equipos; así como un celular para registrar toda la actividad correspondiente al SAAT.
La entrega de estos equipos a la comunidad fue acompañada con un taller de capacitación a cargo de especialistas en el manejo de herramientas tecnológicas que llegaron hasta la zona para explicar el uso de los aparatos.
En la capacitación participaron miembros del Comité de Vigilancia Comunal de Florida que cumplen la labor de monitorear directamente los linderos de la comunidad y alertar sobre el ingreso de desconocidos.
“Ellos reportan a la organización ANAP para evitar cualquier riesgo mayor al territorio o amenazas a dirigentes, y esta a su vez a la Policía, la FEMA [fiscalía medioambiental] u otras autoridades”, apunta Chauca.
Volver la mirada al territorio
La estrategia impulsada en el marco del proyecto del MGT ha servido para generar una reflexión sobre la necesidad de mirar cada vez más soluciones desde las bases.
Según Cline Chauca, a partir de este trabajo, otras comunidades han pedido apoyo para replicar el sistema de seguridad en sus territorios, conscientes de que las soluciones “tienen que partir de nosotros mismos”.
“Sabemos que nosotros tenemos que dar un ejemplo, no vamos a esperar que venga un gobierno a proteger nuestro territorio; somos un gobierno autónomo, entonces debemos proteger para garantizar nuestra biodiversidad, cultura y territorio. Si nosotros no lo hacemos, entonces quién [lo hará]”, indica el líder.
Desde la organización local ANAP, que agrupa a 147 comunidades; la organización regional ARPI, que integra a 12 organizaciones; y la organización nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) están comprometidas con este desafío.
De otro lado, desde el MGT, instancia de acompañamiento técnico y financiero para las PICL, se apunta a impulsar soluciones desde y con los territorios, principalmente desde sus bases, donde libran cada día sus batallas.
